TIEMPOS ELECTORALES

Estamos ingresando en tiempos electorales y todos los partidos políticos en el Uruguay, se preparan para la contienda de octubre del 2014.

Desde 1830 hasta el 2005 el Uruguay estuvo gobernado por dos partidos tradicionales –el Colorado y el Blanco- que adoptaron este nombre por las colores de las divisas que utilizaron, para identificarse, en la Batalla de Carpintería, en 1836, cuando el General Rivera se sublevó contra el gobierno constitucional que encabezaba el Brigadier Gemeral Manuel Oribe. La divisa colorada fue utilizada por las fuerzas de Rivera; la blanca, por Oribe que imprimió una leyenda: “Defensores de las Leyes”. El caudillo sublevado –de ahora en adelante “colorado”- finalmente venció dos años después, con la ayuda de la flota francesa que bloqueó el puerto de Montevideo y de los “farrapos” de Río Grande do Sul.

Hasta setiembre de 1904, los colorados y los blancos libraron cruentas guerras por el poder. Detrás de la epidermis de colores, sin embargo, había profundos intereses económicos en juego –principalmente la propiedad de la tierra y el control del comercio exterior- que se resolvían en los sangrientos choques de las cuchillas, con el corriente degüello de prisioneros, arrastrando al campesinado que en uno o en otro caudillo buscaban la estabilidad de la tierra que trabajaban y que habían perdido con la derrota de Artigas por la intervención extranjera y la traición de adentro.

El ciclo de las guerras civiles se cerró el 10 de setiembre de 1904 con la muerte del caudillo blanco Aparicio Saravia y la visionaria comprensión del momento histórico del presidente colorado, José Batlle y Ordóñez, que diseñó un proyecto económico y social en su segunda presidencia (1911-1915), donde el Estado no solo asumió la respnsabilidad de concentrar el ahorro, la inversión y administrar los servicios estratégicos  sino que puso en marcha un amplio plan de redistribución de la renta y el funcionamiento de servicios públicos básicos como la educación en sus tres niveles y la salud, todas medidas que permitieron un ascenso social y la formación de una clase media que sería el sustento de la estabilidad política y de la afirmación de las instituciones democráticas, con la excepción de la dictadura terrista -baldomirista (1933-1942) y la dictadura cívico militar (1973-1985).

La legislación de protección industrial comenzó en la década de 1870, surgiendo en su seno un proletariado que se fue desarrollando y organizando progresivamente en sindicatos. La inmigración introdujo en el Río de la Plata las ideas de anarquistas y socialistas que cuestionaban el sistema capitalista y llamaban a la unión de todos los proletarios del mundo para derribarlo. El nuevo espectro de ideas era fundamentalmente urbano y montevideano, con algunas excepciones en el litoral noroccidental. La Revolución Socialista en Rusia, en noviembre de 1917, dividió al movimiento socialista, naciendo los partidos comunistas para apoyar ese proceso y, al mismo tiempo, elaborar la estrategia revolucionaria en cada país, de acuerdo a las concepciones marxistas-leninistas. El Partido Comunista Uruguayo, nació en 1920.

Obviamente, la influencia de los nuevos partidos tenían su base en las fábricas y en la intelectualidad. Electoralmente, su gravitación era reducida aunque por la influencia social de sus centros de irradiación, su organización y permanente movilización, proyectaron sus ideas en la legislalción y en el accionar político en una forma muy superior a sus expresiones cuantitativas.

El programa batllista se vio beneficiado por las dos guerras mundiales que elevaron el valor de las exportaciones del agro y crearon condiciones apropiados para la extensión de una industria sustitutiva de importaciones orientada al mercado interno. Con el equilibrio estratégico militar bipolar, entre Estados Unidos y la URSS, en 1945, las economías de los países más desarrollados, se recuperaron en la década de 1950 y los valores de nuestras exportaciones cayeron abruptamente, obligando a endurecer el  contralor de cambios y a la contracción del consumo por la inflación que le siguió. A finales de esa década, el modelo estaba agotado y el voto castigo de noviembre de 1958, llevó al poder al sector más conservador del espectro político.

En esos años tuve que hacer mi opción política. Arrastraba, como la mayoría de la población del país, el afecto por las divisas.

Frente a la crisis interminable y el endeudamiento del país, que llevaba a permanentes devaluaciones para reducir el  consumo, abaratando los salarios y jubilaciones aumentando al mismo tiempo los ingresos de los grandes productores rurales, el movimiento popular y sus intelectuales responsabilizaron a los monopolistas de la tierra, que tenían grandes latifundios improductivos para aumentar el valor de sus propiedades, de la debilidad de la oferta de bienes para satisfacer la demanda social así como la de generar una deuda externa de la que se beneficiaba al imperialismo rentista que succionaba la mayor parte del presupuesto nacional.

Fue en este clima que creció, entre los trabajadores y la juventud estudiantil, la conciencia política y el convencimiento de un cambio de la organización social que ya estaba haciendo su experiencia en distintas partes del mundo.

Esa conciencia, enriquecida por la experiencia de la lucha de los pueblos y una detenida lectura de la historia de la humanidad, permitió advertir que en esa historia, desde los orígenes de la civilización, una gruesa línea roja la cruzaba, ubicando, en un lado, a los sectores sociales que monopolizaban los medios de producción: esclavistas, señores feudales y en la época contemporánea una nueva clase dueña del capital que había extendido la producción a otros sectores de la vida económica; y del otro lado, los esclavos, los siervos y los proletarios que vendían su fuerza de trabajo por un salario.

La historia de la humanidad mostraba que en todas las épocas los medios de producción –la tierra y las fábricas- eran propiedad de una minoría mientras el trabajo de esos medios correspondía a la mayoría de la población. Nació así, con el aporte de los intelectuales cercanos al pueblo, la idea de la socialización de esos medios.

Eran ideas sencillas y lógicas pero su escenario histórico no era la racionalidad –como creía Hegel- sino el poder y la fuerza de los intereses económicos, como sostuvo Marx.

En la década de 1960, Uruguay se vio envuelto en este debate y fue madurando un proyecto de cambio de la estructura económica del país que señalaba etapas para alcanzar aquella racionalidad. La teoría, que servía de soporte al proyecto, se basaba en un análisis clasista de la sociedad uruguaya, que estaba dividida en dos polos: oligarquía y pueblo. El polo popular, cuya conciencia había permanecido alienada por el mito de la divisa de los partidos que habían “construido la Patria”, tenía una enorme potencialidad si era capaz de descubrir su esencia, liberándose de la alienación y apoyar su cabeza en sus propios intereses materiales opuestos a los de la oligarquía. Un primer paso fue el año 1971 con la formación y participación del Frente Amplio en las elecciones nacionales. Su concreción definitiva fue el año 2005, al obtener el respaldo de la mayoría absoluta del cuerpo electoral.

No obstante, desde 1991, con la desintegración de la Unión Soviética y la consolidación del sistema capitalista mundial, el mundo ingresaba en una nueva época caracterizada por las crisis y el endeudamiento de los países dependientes –entre ellos el Uruguay del 2002- y el proyecto de 1971 del FA era inviable, pues el “Consenso de Washington” (1990) había impuesto un pensamiento económico único en el mundo. Pero quedaba una posibilidad: sin modificar la estructura económica, conservar y afianzar las empresas estatales y perfeccionar hasta donde fuera posible los servicios sociales. Esto marcaba una diferencia clara con las políticas de la oligarquía que sostienen la reducción de la intervención del Estado en la economía –que es el único que puede asegurar una mejor distribución de la renta-, la privatización de los servicios sociales y la libertad de los grupos económicos nacionales y extranjeros de orientar sus inversiones en aquellos sectores que les proporcionan más ganancias sin tener en cuenta el interés nacional.

Esta es la disyuntiva que sigue teniendo el Uruguay y la oposición de los monopolistas de la tierra a un impuesto que grave su concentración o su abultado patrimonio, es una clara expresión de la misma y una guía fundamental para la opción electoral del pueblo. La consigna “Oligarquía o Pueblo”, sigue tan vigente como en la década de los 60.