jueves, 23 de agosto de 2012

LA POLÍTICA EXTERIOR DE URUGUAY


Sudamérica, Centro y el Caribe, alientan, desde la independencia política, la idea de un continente que rompa con la dependencia y forje su destino de acuerdo a sus mejores intereses. Con la excepción de Cuba, han tenido “tutores”: en el siglo XIX, el Imperio Británico; en el siglo XX, el imperialismo norteamericano.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la existencia de un Campo Socialista y especialmente la Revolución Cubana, hubo un importante esfuerzo por romper, revolucionariamente, esa dependencia, pero las acciones imperialistas de Estado Unidos, aliadas a las burguesías locales y, más tarde, la desintegración de la Unión Soviética cerraron aquel camino.

No obstante, ni los pueblos renunciaron a sus anhelos ni las contradicciones geopolíticas con grandes países emergentes, desaparecieron. A ello se agrega la etapa senil que está atravesando el capitalismo occidental, minado por el parasitario capital financiero.

No obstante, la estrategia del desarrollo independiente ha cambiado por la nueva configuración del mundo y el drástico cambio en la relación de fuerzas. Hoy hay una nueva realidad, muy diversa en el continente pero con un aspecto común: la necesidad de la integración económica de los países relativamente menos desarrollados así como una política exterior independiente basada en los principios de autodeterminación y, en consecuencia, de no intervención en los asuntos internos de un país.

El derrotero es claro pero el ritmo es necesariamente lento y lleno de contradicciones secundarias. Existe un área avanzada –eñ ALBA- y otra más amplia, la UNASUR, que marcan un movimiento en “dos velocidades”, impuestas por las diversidades económicas, sociales y políticas.

Dentro de este panorama, la política exterior de Uruguay es más próxima a la UNASUR que al ALBA..  Sin ignorar la existencia de posiciones oportunistas en ciertos sectores del Frente Amplio y en el gobierno, hay una situación objetiva de la estructura económica y social del país que proyecta sus efectos en la política exterior. El Frente Amplio –una coalición de partidos progresistas y de izquierda- asumió el gobierno en marzo del 2005, desplazando a los partidos de la oligarquía. El primer problema que tuvo que enfrentar fue la deuda externa como consecuencia de la crisis financiera y económica del 2002, que llegaba al 110% del PBI.

Si bien la caída del dólar en el mercado exterior y el aumento de los precios de los alimentos, significó una disminución de la presión de la deuda sobre las finanzas, la dependencia de los centros financieros que, naturalmente, conlleva condicionamientos políticos, significó un obstáculo para una política exterior independiente. Voceros deWashington y del Fondo Monetario Internacional, decían sin eufemismos que “Uruguay tenía poco margen para hacer otra cosa”. El Presidente Tabaré Vázquez llegó a promover un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, posición que dividió al Frente Amplio y al propio gobierno.

La política exterior del Presidente José Mujica ha sido más clara que la de su antecesor, defendiendo en todas las reuniones de mandatarios sudamericanos, la integración económica continental. Pero cuida, al mismo tiempo, las relaciones con Estados Unidos que quiere conservar a nuestro país como “Estado tapón” a su servicio para impedir la unidad regional como motor de la unión sudamericana en condiciones diferentes a al movimiento de la década de los 60 del siglo pasado pero que igualmente está destinada a liberarnos de la condición de reserva estratégica de los intereses imperiales..

En mi opinión, actitud del mandatario uruguayo se debe al modelo económico que sigue el Uruguay desde la dictadura militar, que se apoya en tres pilares: las exportaciones agroindustriales, el turismo y la plaza financiera. Esta última, recomendada a la dictadura militar, en 1974, por el Fondo Monetario Internacional, ha sido cuestionada por Argentina ya que este mercado financiero se nutre con dinero negro generado por la evasión fiscal de la economía argentina. Es voluntad de un sector mayoritario del Frente Amplio  sancionar una ley que otorgue vigencia a un convenio de “información tributaria” con el vecino país, acordado en abril entre ambos gobiernos, convenio que aprobó el Congreso Argentino el 22 de agosto y que es cuestionado por el sector financiero e inmobiliario de Punta del Este. Sostienen, con el respaldo de la oposición oligárquica, que su sanción parlamentaria frenará el ingreso de inversiones, comprometiendo el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica.

La solución para compensar este “recorte sucio del modelo” sería una ampliación del MERCOSUR, para incentivar el comercio intracontinental que hasta el 2011 representaba solo el 20% de las exportaciones de los países sudamericanos.


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