URUGUAY - EL MODELO OLIGÁRQUICO-IMPERIALISTA

Después de la Paz de la Unión (1851), que puso fin a la Guerra Grande, el capitalismo comercial, pasó a ser la primera forma de acumulación capitalista del país, fruto de los intereses compartidos con Inglaterra, primera potencia mundial en esa época, luego de la derrota de Napoleón, en 1815. Los poderosos comerciantes de Montevideo, se apoderaron de las finanzas del Estado, como garantía de sus créditos al Gobierno de la Defensa, saldaron parte de esos créditos con las mejores tierras del sur y el oeste del país y fundaron el Banco Comercial, en 1857, primer banco del Uruguay. Así se constituyó una oligarquía que reunió los tres negocios que alimentaban la economía nacional –la producción agropecuaria, el comercio internacional y la banca y cuya figura emblemática podría ser Juan D. Jackson.

Las guerras civiles entre colorados y blancos y los motines militares, en toda la segunda mitad del siglo XIX, multiplicaron las deudas del Estado que fueron saldadas, en gran medida por las cuantiosas extensiones de tierras públicas que fueron pasando a manos privadas hasta desaparecer. Eduardo Acevedo, en su estudio sobre la deuda pública, realizado a finales del siglo XIX, sostenía que si el Estado hubiera conservado esas tierras y las hubiera puesto bajo el régimen de enfiteusis, los rendimientos del canon le habrían permitido excluir cualquier otro tipo de impuesto. A este argumento habría que agregar que el Estado hubiera podido impulsar la colonización de una manera planificada, con el campesinado que emigraba del sur de Italia y del norte de España. El resultado económico de las guerras entre colorados y blancos, en cambio, fue el reparto y el monopolio privado de la tierra que es el peor de todos los monopolios porque la tiera es un bien de la naturaleza que no puede reproducir el trabajo de los humanos.

Al imperio inglés le interesaba proteger esta estructura que le proporcionaba materia prima para su industria manufacturera de textiles y que a su vez era consumidora de su industria y de sus servicios como ferrocarriles, agua y telégrafo.

El denominado por los historiadores “Período Militarista”(1875-1886), es, por sus contenidos, obra de la oligarquía y el imperialismo inglés, dotando al Estado de un poder militar decisivo, que carecía hasta ese momento, para afirmar la propiedad privada de la tierra y la continuidad del comercio, que la frecuencia de las guerras civiles desarticulaba.

En un país con esta configuración monopólica de la tierra no podía dar cabida al aluvión de campesinos inmigrantes procedentes de Europa. Se radicaron en los centros urbanos, dedicándose una parte a los diferentes oficios y al pequeño comercio interno. El desarrollo de esta actividad y su superación, exigían una política activa del Estado en los campos económico y educacional. La oligarquía era liberal; para un país sin industrias, la protección del Estado era indispensable, así como el control del ahorro y la orientación del crédito. A estos objetivos apunta el nacional reformismo batllista impulsado vigorosamente a partir de 1911.

La oligarquía se opuso a este proyecto. En 1912, el Partido Colorado se dividió al fundar Pedro Manini Ríos la fracción “Riverista”, opuesta al “Batllismo” y, en 1915, la Asociación Rutal promovió la unificación de todo el ruralismo, creando la Federación Rural. Entre sus fundadores se encuentran Domingo Bordaberry, Pedro Manini Ríos, Luis Alberto de Herrera y José Irureta Goyena.

Importantes corrientes dentro del battlismo eran partidarias de la reforma agraria. En 1913, el joven Maestro de Conferencias, Carlos Vaz Ferreira, trató el tema desde la cátedra recién creada por una ley cuyo autor fue el Presidente Batlle y Ordóñez.

No obstante, la reforma agraria no prosperó ya que Batlle y Ordóñez prefirió conciliar con la fracción riverista, recurriendo al “gran acuerdo colorado” porque consideraba peor la eventualidad de un triunfo del Partido Blanco, particularmente su fracción saravista que, después de la muerte del caudillo (1904), pasó a ser dirigida, unos años más tarde, por Luis Alberto de Herrera.

En este contexto, el desarrollo económico del Uruguay dependía de los precios internacionales de la lana y la carne. Las políticas internas del batllismo de estímulo a la industria sustitutiva de importaciones y la gratuidad de la enseñanza en sus tres niveles (1916), produjeron un fuerte crecimiento de las capas medias que aumentaron el consumo interno y externo que la provisión de divisas de las exportaciones, limitadas por el monopolio de la tierra, no podían cubrir. La crisis económica mundial de 1929, reveló la profunda contradicción de la economía uruguaya. El golpe de Estado oligárquico del 31 de marzo de 1933, respaldado por el riverismo y el herrerismo, fue la respuesta. Una crisis más dura fue la que arrancó con la Paz de Corea de 1953, y se profundizó con la política del Partido Blanco en 1959 y el Pachecato, entre 1967 y 1971, que desembocó en el Golpe de Estado Militar-Oligárquico del 27 de junio de 1973.

Como señalamos en el artículo anterior de este Blog, el Frente Amplio nació con un programa concreto anti-oligárquico y anti-imperialista: reforma agraria, nacionalización de la banca y del comercio exterior, eran sus puntos medulares. Recogía en esta forma, lo que la historia y la realidad enseñaban.

La dictadura oligárquico-militar de 1973 era encabezada por un hombre emblemático de estos hechos que estamos exponiendo -Juan María Bordaberry, hijo de Domingo Bordaberry y poderoso terrateniente. El problema que tenía por delante era, obviamente, cómo restablecer el poder de la oligarquía, sacudido por violentas conmociones sociales de una sociedad que no era la del siglo XIX. Contó para ello, con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional., síndico del imperialismo.

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El modelo “Mundell”

El asesor de este organismo fue Robert Mundell, un economista canadiense que obtuvo más tarde, el Premio Nobel de Economía (1999). A Mundell, la dictadura le asignó un despacho en el Banco Central para el asesoramiento de su directorio. La Revista “Búesqueda”, publicó, en su Nº 54, de diciembre de 1976, una conferencia que pronunció en la Sala de Actos del Banco, el 27 de agosto de 1976, donde expone la “solución” para la crisis uruguaya a partir de su “Teoría de los dineros dominantes”.

Para Mundell, la crisis endémica de la economía uruguaya, se originaba en la Balanza de Pagos, permanentemente deficitaria. Los pagos internacionales se hacen con dólares y era la carencia de éstos, en cantidades voluminosas, la que provocaba las devaluaciones y la inflación que llegó a superar el 100% anual. ¿Cómo resolver el problema? El “consejo” del FMI fue: atar el peso al dólar, liberar la tasa de interés, establecer el secreto bancario y la banca offshore y la sustitución del Banco Central como conductor de la política monetaria por el volumen de dólares en plaza que sería el que determinaría la magnitud de la circulación monetaria.

Los argumentos de Mundell, en respaldo de su propuesta, eran dos: a) una moneda de una economía pequeña como la uruguaya siempre estará expuesta a las manipulaciones de economías y monedas más fuertes. Expresaba: “Yo sostengo la teoría de los dineros dominantes…Un país pequeño no puede tener una moneda independiente…porque su moneda puede ser comprada por una empresa grande y luego de hacer transacciones con ella, venderla, provocando un caos económico…La moneda de un país es una función del alcance de su área económica…y hoy la moneda que reúne esas características es el dólar que es estable y fuerte. En Estados Unidos ninguna gran empresa domina al gobierno”. A continuación, Mundell ilustraba su teoría de los dineros dominantes, con esta imagen: “Imaginen ustedes un lago pequeño y otro muy grande y que en cada uno de ellos tiran un guijarro de igual tamaño. En el más pequeño, el mismo va a salpicar mucho, pero no va a causar mucha impresión sobre el lago grande. Algo similar sucede con toda perturbación monetaria de cierta entidad” (p. 36).

El dólar era la moneda más fuerte y por lo tanto el peso debía colocarse bajo la protección de la moneda norteamericana; b) el Uruguay tenía una ubicación geográfica excepcional, entre dos economías más grandes –Brasil y Argentina- y una situación financiera sólida sería un atractivo para los capitales de ambos países que buscaran seguridad frente a los vaivenes económicos y políticos de nuestros vecinos. Mundell dijo al respecto: “En el Uruguay existen problemas pero hay ciertas ventajas comparativas, además de las ventajas de sus recursos, de su producción, de su pesca, del nivel educacional de su población, entre otras, que parecen haberse combinado para constituir una isla de libertad (en ese momento la dictadura practicaba su más alto nivel represivo! – Nota del autor)), en medio de Estados que son más grandes y más inestables desde el punto de vista financiero. Y cuanto mayor sea esa inestabilidad en el Brasil y en la Argentina, mayor , será la estabilidad en el Uruguay y más numerosas las ventajas que ello le reportará al país, puesto que de ese modo pasará a ser diferente el papel que le corresponderá desempeñar al mismo y se crearían los ingredientes necesarios para la formación de un centro financiero o de un sub-centro financiero de Nueva York, por supuesto, que es el centro de los capitales mundiales como Londres es el centro del capital europeo. Dicho sub-centro podría convertirse en uno de los centros estables más importantes de América Latina” (pp. 40 y 41 de la publicación citada).

La subordinación del peso al dólar permitiría reducir la inflación y ubicar los precios internos y las tasas de interés a los niveles que marcaba el dólar, decía en otra conferencia, difundida por “Búsqueda”, otro asesor que el FMI le puso a la dictadura, el economista, Harry Johnson. En esta intervención, Johnson explicó detalladamente el funcionamiento de la política monetaria, según el “Enfoque monetario de la Balanza de Pagos”

Las ideas de Mundell encontraron eco en el gobierno dictatorial, alentado frenéticamente por el grupo de financistas del Opus Dei que tenía como vocero el mensuario “Búsqueda”. El Ministro de Economía, Alejandro Végh Villegas, liberó en 1974 la tasa de interés y, en 1978, su reemplazante, Valentín Arismendi, ató el peso al dólar en un sistema levemente deslizable conocido como el “crowling peg” y popularmente como la “tablita”. Previamente, (1977) por decreto-ley el sistema financiero adoptaba el secreto bancario y establecía la banca “offshore” (“fuera de la costa”). Uruguay se convirtió de esta manera en un paraíso para capitales negros de todo origen y con una banca privada macrocefálica, desproporcionada para el monto de los negocios y portadora de “plata dulce” que llevó a un gran endeudamiento en dólares del consumo y del sector productivo. Todo este castillo ficticio –que Mundell consideraba excepcional para Uruguay- se derrumbó en noviembre de 1982. El error del economista canadiense era que apostaba todas las cartas al sector financiero sin tener en cuenta la economía real. Contrariamente a su razonamiento no era la inestabilidad de Brasil y Argentina la que aseguraba la estabilidad uruguaya sino al revés, porque cuando las exportaciones a esos países se frenan por la sobrevaluación de nuestra moneda, en ese punto, todo el sistema financiero se desmorona.

La dictadura, bajo el empuje de algún sector militar y empresarial, intentó aumentar el comercio y el ingreso de divisas “genuinas”, desarrollando la explotación de otros rubros del agro como el arroz. Esta línea de exportación se agregaba a la tradicional de la lana y la carne. Las condiciones políticas no permitían el desarrollo del turismo que había sido una línea de exportación de servicios en la estación veraniega. No obstante el modelo oligárquico iba adquiriendo su fisonomía: agroindustrias, refugio financiero y turismo.

La crisis de 1982 que, un año antes, había precedido el derrumbe de la economía argentina que también había atado su moneda al dólar, dejó como resultado financiero, una enorme deuda del Estado que compró las “carteras pesadas” de los bancos privados y provocó una violenta contracción de la economía. Cuando en 1985, el país recupera sus instituciones democráticas, el gobierno colorado no insiste con la “tablita” pero mantiene la concepción de plaza financiera. (secreto bancario y banca offshore). Los mismos objetivos se pueden alcanzar con un tipo de cambio flotante, con el agregado que el Banco Central recupera su manejo de la política monetaria.

La fragilidad del modelo financiero reclamaba una línea comercial externa más firme. En 1987, el gobierno del Dr. Sanguinetti promueve la ley de forestación, cuyo destino final, al cabo de 15 años de desarrollo de los montes de eucaliptus era la fabricación de pasta de celulosa. Con la incorporación de esta línea de exportación, agregada a la lana, la carne, el arroz y los lácteos (encabezada por CONAPROLE, creada en 1936 por el régimen de Terra y Luis Alberto de Herrera), la balznza de pagos adquiría una solidez, verosimilmente sostenible, dado el pujante desarrollo de los grandes mercados asiáticos, especialmente China, y Brasil en América Latina. La caída de la dictadura en Argentina, le devuelve, asimismo, al turismo su pujanza histórica.

EL FRENTE AMPLIO MANTIENE LA ESTRUCTURA

OLIGÁRQUICO - IMPERIALISTA

El Frente Amplio que, en 1971, tenía un programa antioligárquico para resolver la crisis que calificaba de “estructural”, llegó al gobierno en el año 2005, en medio de una situación económica y financiera crítica, resolviendo continuar con la misma política económica pactada por el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional. Así lo atestiguan las distintas “cartas de intención” que firmó y la complacencia que manifestado, reiteradamente, el FMI, con esa política.

En una conferencia pronunciada, en el Club de Golf, el 22 de setiembre de 2004 el designado Ministro de Economía, Danilo Astori, (el nombramiento lo hizo en Washington el candidato a la Presidencia de la República, Dr. Tabaré Vázquez, durante su visita en julio, al término de una reunión entre ambos y el Directorio del FMI, ante la eventualidad de que Vázquez alcanzara la victoria en las elecciones de octubre) expuso la política económica del futuro gobierno: estímulo a las exportaciones agroindustriales, amplias garantías al inversor extranjero, el compromiso de pagar la deuda externa como prioridad del gobierno, control del déficit fiscal y la inflación, desarrollo de los servicios –especialmente el turismo y toda la infraestructura de las comunicaciones y el transporte, así como mejoras salariales a los sectores más deprimidos de la administración pública: la educación la salud, el Poder Judicial, y la policía. En otras palabras, el tema de la tierra y el sistema financiero no sería tocado y los recursos disponibles del Presupuesto quedarían subordinados al logro del superávit primario, tal como lo exigía el Fondo Monetario Internacional. Astori, contrariamente al programa del Frente Amplio, apostaba al desarrollo de las inversiones extranjeras en la cadena agroindustrial y los servicios, rechazando cualquier intento de fomentar la industria sustitutiva de importaciones. La creación de empleo, que planteó como necesidad imperiosa, compartida por todos los uruguayos, quedaba librada a esos dos complejos económicos, dependientes de las condiciones del mercado externo.

Si bien el Contador Astori afirmó que el tipo de cambio sería fluctuante, dependiendo de la oferta y la demanda y que nunca se volvería a la “tablita” –como lo hizo la dictadura y el gobierno del Dr. Jorge Batlle y su ministro Alberto Bensión- el ingreso de capitales especulativos al sector bancario, amparados por el “secreto” y las ventajas fiscales- el resultado sería una sobrevaluación del peso, por la abundancia de dólares como lo demostró la caída del valor del dólar entre el 2007 y el 2010, situación que fue contrarrestada por los altos precios de los alimentos exportados que ha permitido mantener la competitividad de esos productos en el mercado internacional.

Los datos divulgados por las investigaciones económicas muestran que hay una alarmante concentración y extranjerización de la tierra, bajo la forma de personas físicas o de grandes grupos económicos encubiertos en sociedades anónimas, de la que no se tiene memoria. Por ello la conclusión es una sola: el proyecto oligárquico-imperialista ha alcanzado una tal dimensión –sin que aparezcan señales para combatir la tendencia- que el tema de la distribución social, que comienza por la propiedad, queda reducido a la profundidad de la política tributaria y su incidencia en los ingresos.

Ruiz Pereyra Faget