EL NUEVO ORDEN MUNDIAL Y LA CRISIS DE URUGUAY DEL 2002

El 1989 marca el comienzo de una nueva fase en el desarrollo histórico del modo capitalista de producción, cuya vanguardia está en Wall Street. Ese año, con la unificación de Alemania, se inicia la desintegración del sistema social y geopolítico antagónico del este europeo que culmina el 8 de diciembre de 1991 con la disolución de la Unión Soviética.

                         NUEVO ORDEN MUNDIAL

El 20 de enero de 1989, George H. W. Bush, (ex Director de la CIA y socio en negocios petroleros y financieros de la Casa Real Saudita), sustituyó a Ronald Reagan en la Casa Blanca. El 11 de setiembre de 1991, en un discurso radiotelevisado, expresó: “Tenemos ante nosotros la mayor oportunidad de forjar para nosotros y las futuras generaciones, UN NUEVO ORDEN MUNDIAL, un mundo que sea gobernado por la Ley, no por la Ley de la Jungla, que gobierna la conducta de las naciones. Lo consignamos y lo vamos a conseguir. Tenemos una oportunidad para este Nuevo Orden Mundial, un Orden en el cual una confiable organización como las Naciones Unidas pueda desenvolver su rol para mantener la paz y cumplir la promesa y la visión de sus fundadores”.

                             NUEVO ORDEN ECONÓMICO

El Secretario del Tesoro (Ministro de Economía y Finanzas) de Bush durante todo su mandato (1989-1993), fue Nicholas F. Brady, que continuaba en ese cargo pues había sido designado por Ronald Reagan, cuatro meses antes de asumir el nuevo Presidente.

Brady fue senador republicano, estrechamente vinculado dl Gupo Rockefeller, desde que recibió su Licenciatura en Yale, en 1954, hasta que asumió como Secretario del Tesoro en setiembre de 1988. Sus vínculos con el mundo financiero es muy extenso: Presidente del Comité del Banco de Inversión “Dillon Read & Co. Inc.”; Presidente del Banco de Inversiones de Ultramar “Darby Overseas Investments, Ltd.”;  Presidente del “Fondo de Inversiones “Franklin Templeton Investment Funds”. Ha sido miembro del Consejo Directivo del Club de Economistas de Nueva York y del Consejo Directivo del “Grupo Bildelberg” que traza la estrategia del desarrollo del capitalismo en el mundo. Fue creado en 1954 y su sede está en Holanda. Está integrado por más de un centenar de políticos y empresarios de grandes monopolios internacionales estadounidenses, británicos y canadienses. Realizan conferencias anuales –cuyos contenidos no son difundidos-, para examinar la situación global del capitalismo y tiene como objetivo principal un mundo que sea gobernado por las mismas reglas económicas.

El endeudamiento y la amenaza de una cesación de pagos en cadena en importantes países de  América Latina siguiendo el ejemplo de México, significaba un peligro para la solidez de los bancos estadounidenses y para la estabilidad de las frágiles democracias que habían sustituido a las dictaduras militares.

Em 1985, el Secretariio del Tesoro, James A. Baker, había propuesto un plan para resolver la crisis de deuda del Tercer Mundo, a la que consideraba una “crisis de liquidez pero no de insolvencia”. La solución era formar un “pool” de instituciones financieras como el FMI, el Banco Mundial, los Bancos Comerciales y otras agencias financieras. Siguiendo este plan, varios países latinoamericanos realizaron refinanciaciones de sus deudas pero no lograron recuperar el crecimiento ni combatir la inflación.

El Plan Brady, anunciado el 20 de marzo de 1989, según The New York Times, era un paso adelante, pero todavía vago, al proponer distintas opciones a los bancos acreedores, incluyendo la reducción de la deuda y ofreciendo garantías del propio Tesoro de EE.UU. Su núcleo era la sustitución de los documentos bancarios por bonos denominados en dólares, que los bancos comerciales podían vender a una variedad de inversores individuales, en el mercado secundario. El Tesoro  añadía otra garantía al exigir al país deudor la compra de un “Bono Cupón Cero” emitido por esa Secretaría.

                               EL CONSENSO DE WASHINGTON

No obstante, los países deudores no recuperaban su soberanía. A comienzos de 1990, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, alcanzaron en Washington un “Consenso” sobre las reglas de política económica que debían cumplir todos los países que solicitaran acceso a créditos externos. Era el complemento del discurso de George H. W. Bush del 11 de setiembre de 1991, sobre el Nuevo Orden Mundial.

El economista, John Williamson, resumió, en 1999, las diez reglas adoptadas por las instituciones nombradas, para los países asfixiados por la crisis: 1)  Disciplina fiscal; 2) Eliminación de subsidios; 3) Reforma tributaria que amplíe su base con Impuesto Progresivo a los Ingresos Personales o aumento de tarifas; 4) Tasas de interés determinadas por el mercado; 5)  Tipo de cambio determinado por la oferta y la demanda del mercado local; 6) Liberación del comercio; 7) Apertura a la inversión extranjera directa; 8) Privatización de las empresas del Estado; 9) Eliminación de trabas que distorsionen el funcionamiento del mercado, excepto aquellas que estén referidas a la seguridad; 10) Seguridad jurídica para los derechos de propiedad.

México fue el primer país que se acogió al Plan Brady, en 1989, luego que asumiera el Presidente Carlos Salinas de Gortari, el año anterior. Para William Rhodes, presidente del Citicorp, que incluye al Citibank, ese acuerdo era el modelo que debían seguir los otros países endeudados que se acogieran al Plan.

Em la negociación, los bancos acreedores le ofrecieron a México tres opciones: 1) El cambio de los documentos bancarios por bonos a 30 años, con un descuento del 35% y una tasa de interés del 13-16% por encima de la tasa Libor de Londres; 2) el cambio de los documentos bancarios por bonos a la par, a 30 años, con un interés de un punto porcentual por debajo de la tasa Libor (6,25%). Los bancos podrían proporcionar fondos frescos hasta un 25% por encima de la deuda negociada;  3) el banco acreedor podía negociar dentro de un rango flexible de reducción del capital y los intereses, con un piso en el 65% del capital y servicios de deuda más elevados, según fuere esa reducción.

En el acuerdo con México el 49% de la deuda fue convertida en bonos “dólar” con descuentos; el 41% con bonos a la par y un nuevo préstamo equivalente  al 10% del total de la deuda. Estos bonos, a su  vez, fueron garantizados por  bonos del Tesoro de Estados Unidos –Bonos Cupón Cero, comprados por los países deudores-,  y financiados por el FMI y el Banco Mundial.

Los países latinoamericanos que siguieron a México, fueron; Costa Rica (1989), Venezuela (1990), Uruguay (1991), Atgentina (1992) y Brasil (1992). Los gobiernos de estos países estaban presididos por Oscar Arias, Carlos Andrés Pérez, Luis Alberto Lacalle Herrera, Carlos Saúl Menem y Fernando Collor de Mello,  respectivamente que, para cumplir con lo acordado, aplicaron las políticas de “ajuste”, exigidas por el Consenso de Washington.

En todos estos gobiernos, el pago de la deuda fue la prioridad de sus presupuestos. Salinas de Gortari (1982-1987), en México, realizó una privatización masiva de empresas públicas, desnacionalizó la banca y firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; Carlos Andrés Pérez, para  realizar el “ajuste” del presupuesto, reprimió violentamente las protestas del pobrerío de Caracas, con una represión feroz que, según la Revista “Time”, dejó  más de 300 muertos en las calles de la capital (“Caracazo”, 27 de febrero - 8 de marzo de 1989); Carlos Menem, en Argentina, optó por la privatización masiva de las empresas del Estado y adoptó el “Plan Cavallo” de dolarización de la economía, volviendo a la fracasada política de Martínez de Hoz que creó una euforia durante cuatro años (1991-1995) y luego paralizó las exportaciones;  Fernando Collor de Mello (1990-1992), en Brasil, privatizó empresas públicas, redujo el gasto social, eliminó los subsidios y los controles de cambios y decretó masivos despidos de funcionarios de la administración estatal; Luis Alberto Lacalle (1990-1995), en Uruguay, aplicó una política fiscal de “shock”, que afectó los servicios básicos de educación, salud y los ingresos de los funcionarios del Estado. En su programa estaba la “revisión y reforma” de las empresas del Estado e intentó vender el servicio estatal de telecomunicaciojnes “ANTEL” que fue impedida por un plebiscito nacional. Lacalle formó un equipo económico con conocidos financistas y empresarios como los abogados Ignacio de Posadas y Ramón Díaz con estrechos vínculos con la banca internacional. Cuatro bancos privados que, para salvarlos de la quiebra en 1983, eran administrados por el Estado, se encontraban en una situación insostenible en 1989 y Lacalle entabló negociaciones, a través del Presidente del Banco Central, Contador Enrique Braga, para privatizarlos. La venta de los bancos Comercial y Pan de Azúcar, revelaron una trama de corrupción muy cercana a la cúpula de gobierno.

EL CITIBANK FIJA LA LÍNEA EOCNÓMICA DE AMÉRICA LATINA Y  EL, URUGUAY

Para la negociación del Plan Brady, Lacalle designó al abogado Nicolás Herrera, especialista en Derecho Comercial y Bancario, asesor en ese momento del Citibank que era uno de los bancos acreedores. El señor Herrera, a quien los medios de finanzas internacionales lo consideraban una “estrella” en materia de negocios bancarios, renunció al cargo de Subsecretario de Economía, luego que el Presidente Lacalle firmó el acuerdo con los bancos acreedores, representados por el Citibank de Nueva York.

Las estrechas relaciones del Presidente Lacalle con el sector financiero, que amplíó sus raíces en el Uruguay, tendrá catastróficos efectos diez años más tarde.

El Partido Colorado recuperó el gobierno en 1995, con un 32,35% de los votos emitidos; le siguió el Partido Nacional con el 31,21% y el Frente Amplio con el 30,61%. Era la segunda Presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti (1995-2000) que continuó por el estrecho andarivel impuesto por el Plan Brady y el Consenso de Washington.

La alternancia de gobiernos de distintos colores pero de una misma política económica, estaba destinada a desgastarse y esto preocupaba a la oligarquía y la insaciable banca extranjera. La victoria del Frente Amplio en Montevideo, en las elecciones de 1989, reiterada en 1994, fue una luz roja en el tablero del “establishment” dominante.

Por ello, los partidos tradicionales apelaron a una reforma constitucional que impidiera la llegada del FA al gobierno naciomal, estableciendo  un severo “balotaje” que requería ek apoyo de la mitad más uno de los votos emitidos, a un candidato presidencial para ser electo. La reforma, aprobada en un plebiscito de noviembre de 1996, aumentaba, además, las competencias del poder central sobre los entes autónomos, en un proceso de concentración de ese poder que se había iniciado con la reforma constitucional de 1966.

Sanguinetti gobernó, en “coincidencia patriótica”, con el Partido Nacional que tuvo varios ministros y directores de entes autónomos. Privatizó parte de la Previsión social, creando las AFAP y liquidó el ferrocarril, con claro beneficio para los transportistas privados.

El Ministro de Economía, en este segundo gobierno del Dr. Sanguinetti, fue el economista Luis Mosca. Su preocupación, respondiendo a las directivas económicas de su jerarca, fue el control del gasto público. Todas las Rendiciones de Cuentas anuales tuvieron un solo artículo de “gasto cero”.

El sector bancario y la industria de la construcción, se beneficiaron del “modelo Cavallo”, de “1 peso = 1 dólar”, en Argentina que saturó nuestra plaza financiera con dinero negro, amparado por el secreto bancario. Las torres se multiplicaron en Punta del Este y el precio de los campos así como su extranjerización.

En Brasil, en julio de 1994,entró en vigencia el “Plan Real”, preparado por el equipo económico del Ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso y aprobado por el Presidente Itamar Franco. Este plan creó una nueva moneda –el “Real”-, que sustituyó al “Cruzeiro”, cuya cotización fue 1 Real = 1 dólar”. De este modo, las dos monedas –el peso argentino y Real brasilero-, estaban a la par del dólar. Ña diferencia entre ambos sistemas era jurícia: el “Plan Cavallo” se estableció por ley mientras el “Plan Cardoso”, lo fue por decreto lo que, en caso necesario, permitía al Banco Central, modificar el tipo cambiario.

El 17 de diciembre de 1994, Argentina, Brasil, Paragua y y Uruguay, firmaron el “Protocolo de Ouro Preto”, que puso en vigencia el Mercosur. El  alineamiento monetario de Argentina y Brasil, benefició a la economía uruguaya. No obstante, la crisis de los “Tigres Asiáticos” de 1997 y la crisis de Rusia de 1998, afectaron las exportaciones a esas regiones, desnivelando las balanzas comerciales y la estabilidad cambiaria, reapareciendo la inflación y la desocupación.

El 13 de enero de 1999, el Brasil abandonó la banda cambiaria y dejó librada la cotización del dólar a la ley de la oferta y la demanda. El Real se devaluó de inmediato un 60%, estabilizándose luego a un 40%. La economía argentina recibió un fuerte impacto que puso en la agenda una inevitable devaluación del peso y la convertibilidad fija 1 x 1, establecida por ley. El gobierno argentino estaba atado por esta ley y la dolarización de encajes y depósitos bancarios.

En consecuencia, estas “gangas” de monedas supervaluadas, en economías débiles, no podían durar eternamente y esos dos modelos que hicieron el gran festín de los banqueros, entraron en falencia el mismo año (los Presidentes eran Fernando H. Cardoso y Carlos Menm), arrastrando a la economía uruguaya a la recesión y también a otra inevitable devaluación. Brasil y Argentina habían privatizado gran parte de las empresas del Estado y dejaban, además, como saldo, una deuda interna y externa mucho mayor y una desocupación del 25% de la fuerza laboral activa.

        CRISIS ECONÓMICA Y BANCARIA EN URUGUAY

El endeudamiento externo y las reiteradas recesiones económicas, le impedían al país atender la deuda social Y sus infraestructuras envejecidas, que no fueron atendidas por las crisis y la succión de la renta nacional por el capital extranjero.

Em las elecciones generales de octubre de 1999, Jorge Batlle (Partido Colorado), obtuvo el 32,80% de los votos emitidos; Tabaré Vázquez (Frente Amplio), el 40,10% y Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional), el 22,30%. Lacalle anunció su apoyo a Jorge Batlle en la segunda vuelta, alcanzando el candidato colorado el 54,13%. Vázquez obtuvo el 45,87%. El balaotaje inventado en 1966, dio resultado, pero las cifras indicaban que los dos partidos tradicionales estaban condenados.

El 1 de diciembre, Batlle y Lacalle viajaron a Buenos Aires para reunirse con el ex Presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush (padre) el anfitrión, Carlos Saúl Menem y el recientemente electo sucesor, Fernando de la Rúa, en el domicilio del exclusivo barrio de La Recoleta, del banquero argentino, Carlos Rohm, propietario, junto con su hermano José, del Banco General de Negocios y el Banco de Santa Fe –ambos en Argentina-,  y del Banco Comercial de Uruguay. También estuvo presente, David Mulford, ex Subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro  de EE.UU., Vicepresidente del Credit-Suisse First Boston Bank, directivo de la Agencia Financiera de Arabia Saudita y socio del ex ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo.

Mulford era el estratega financiero de una red de negocios bancarios internacionales, vinculados al lavado de dinero, fraudes fiscales y asesor de confianza de Bush, en cuyo gobierno había sido Subsecretario del Tesoro.

La reunión, que pretendió ser secreta, fue detectada por los periodistas locales que sorprendieron a Bush al salir de la misma, expresando que “había llegado a Argentina para pescar truchas en la Patagonia”.

Otros entrevistados en la ocasión se fueron por la tangente.

A Bush le preocupaba la política económica que seguirían los presidentes electos de Argentina y Uruguay, Fernando de la Rúa y Jorge Batlle y qué aporte podían cumplir los capitales que representaba para evitar una devaluación como la de Brasil. La presencia de Lacalle, ligado a la venta del Banco Comercial a los hermanos Carlos y José Rohm, y el papel que iba a cumplir en el gobierno de Batlle, era harto justificada. Por su parte, De la Rúa, que fue postulado por una Alianza de centro-izquierda, se había comprometido, durante la campaña electoral, a investigar el escándalo de coimas en el caso “IBM-Banco Nación”,  instrumentadas por Raúl Moneta, procesado y en la cárcel, y con estrechos vínculos de negocios financieros con Bush, Mulford, los hermanos Rohm. Moneta, era investigado, en esos momentos, por una Comisión del Congreso de Estados Unidos,  por lavado de dinero, utilizando una cuenta en las Islas Vírgenes (Paraíso fiscal).

De la Rúa no se atrevió a tocar la Ley de Convertibilidad de Menem-Cavallo, obteniendo un préstamo de 40 mil millones de dólares del FMI para “Blindar” la economía. Este dinero así como entró, se fugó, atribuyéndose estas maniobras a los hermanos Rohm y Moneta, dirigidos por Mulford.

El Presidente Argentino consiguió, un año después -2002 una refinanciación de la deuda (un “megacanfje”), que favoreció los negocios financieros del grupo mencionado anteriormente.

La economía argentina no reaccionaba por un tipo de cambio sobrevaluado, la debilidad de la moneda brasilera y porque todos los países emergentes que habían entrado en el “Plan Brady”, no se recuperaban, ya que el pago de la deuda era lo prioritario. El PIB, en Argentina había caído un 3.5%, la desocupación ascendía a un 15%, y el déficit fiscal a un 13%- A mediados del 2001, el FMI se negó a entregar la cuota para el “blindaje”.

Jorge Batlle asumió el 1 de marzo de 2000, con un país en recesión, la devaluación del “Real” y la eventualidad de una devaluación en Argentina.

Formó un equipo económico encabezado por el Contador Alberto Bensión , en la presidencia del Banco Central un primo suyo, César Rodríguez Batlle y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Contador Ariel Davrieux, perteneciente al Foro Batllista.

Batlle es un abogado financista, admirador de Charlone y Végh Villegas. Conoció al ex Presdiente Bush, en Buenos Aires, en la reunión mencionada a donde fue acompañado de Lacalle, y su objetivo en el gobierno, fue asegurar el funcionamiento de Uruguay como Plaza Financiera, atrayendo capitales de cualquier naturaleza en la que los bancos privados, las consultoras y estudios jurídicos “especializados” en derecho comercial y bancario, obtendrían jugosas ganancias.

Pero los mercados regionales y mundiales, estancados o en recesión, no permitían un peso sobrevaluado. Y el “dinero caliente”, así como entra, se va si no se siente seguro.

De la Rúa, aislado económica y políticamente, renunció el 21 de diciembre de 2001.  El 2 de enero del 2002, la Asamblea Legislativa de la Nación, eligió Presidente a Eduardo Duhalde para completar el período de De la Rúa. Duhalde dijo, en el discurso de asunción, que la Argentina “estaba fundida” y expresó que la tarea principal era sacar al país de la recesión. Cuatro días después, el Congreso derogó la Ley de Convertibiidad, que alineaba a la par el peso con el dólar, y el gobierno fijó una cotización de 1.40 por dólar, que no pudo sostener y siguió cayendo.

Por las devaluaciones de Brasil y Argentina, la economía uruguaya tenía bloqueados esos mercados y, el 1º diciembre del 2001, cuando Argentina estableció el “Corralito” , sin plazo, de todos los depósitos bancarios, comenzó la fuga de capitales de extranjeros, en su mayoría argentinos, a los que se fue sumando, el de los depositantes locales. En seis meses “desaparecieron” el 44% de los depósitos.

Batlle se aferraba a la “defensa de la moneda” para preservar la salud del sistema financiero y, especialmente del Banco República” (Nota de “El Observador” del 23 de julio de 2002).

La economía uruguaya era monitoreada por el Sub Director Gerente del FMI, el chileno Eduardo Aninat, que aconsejaba la devaluación t la cesación de pagos de la deuda externa como en Argentina.. El 23 de julio, después de una interpelación, y bajo la presión del Frente Amplio, del Partido Nacional y sectores del Partido Colorado, renunció el Ministro de Economía, Alberto Bensión. Anteriormente habían renunciado César Rodríguez Batlle y Rosario Medero, integrantes del Directorio del Banco Central. Batlle designó al Dr. Alejandro Atchugarry como Ministro de Economía y al economista Julio de Brun como Presidente del Banco Central.

La moneda fue devaluada el 20 de junio y  el valor del dólar pasó de 13 pesos a 30-, y el 31 de julio, el gobierno decretó un feriado bancario “sine die”. Previamente, dispuso la suspensión del funcionamiento de cuatro bancos privados, cuya insolvencia era manifiesta.

Amplios sectores de la opinión pública –políticos, sindicales y esferas de negocios-, consideraban que la política de Batlle de asistir a bancos que estaban quebrados, era irresponsable y que debía renunciar.  El periodista, Claudio Paolillo publicó, en el 2004, el libro “Con los dias contados”, donde narra cómo, incluso dentro del Partido Colorado, se aguardaba la renuncia del Presidente.

El país estaba al borde de una crisis institucional como en Argentina y Batlle era consciente de ello. Pero tenía dos cartas en la manga que, si daban resultado, podían salvarlo: una, era su amistad con George H. W. Bush, padre del presidente, en ese momento, de Estados Unidos; la otra, era el éxito que pudiera tener el General Seregni en convencer a Tabaré Vázquez que “había que darle apoyo institucional al gobierno”.

Astori apoyaba esta salida pero el Partido Socialista y el Partido Comunista, no. Los senadores Reinaldo Gargano y José Korzeniak, tenían pronta la solicitud de juicio político a Batlle, pero el sector del gremio bancario, del mismo partido, no estaba de acuerdo. Por otra parte, el Partido Comunista exigía la renuncia de Batlle y la formación de un “Gobierno de Salvación Nacional”, encabezado por el Vicepresidente, Hierro López. Sin embargo, su Secretaria General, Marina Arismendi, apoyaba la línea de Seregni y Astori.

Estas dos cartas fueron exitosas: el Presidente George Bush le extendió un “crédito puente” a Batlle, de 1.500 millones de dólares, expresando que a Estados Unidos le interesaba la permanencia de Uruguay como plaza financiera. Con estos recursos, el gobierno levantó el 5 de agosto, el feriado bancario, habilitando el movimiento de cajas de ahorro y cuentas corrientes del Banco República, no así los plazos fijos que quedaron bajo un “corralito” que sería levantado.

 gradualmente.

Finalmente, en un plenario del Frente Amplio de noviembre de 2002. Tabaré Vázquez se pronunció sobre el “apoyo institucional” que le pedían Seregni y Astori, indicando que “el parlamento era un ámbito adecuado para concertar las políticas adecuadas para superar la crisis. Así fue. El nuevo Ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, se convirtió en el articulador de estas políticas que tuvieron en el Contador Astori el principal protagonista del Frente Ampliio y de las políticas que se acordaron.

El Partido Nacional, integrante con cuatro ministros de la coalición de gobierno, resolvió retirar, el 13 de noviembre, a sus representantes, tratando de evitar cargar con la responsabilidad de la conducción gubernamental. Esta actitud, impulsada por Lacalle, molestó a Jorge Batlle.

El estado del país era desastroso con cuatro bancos fundidos por sus propietarios: Banco Montevideo (Peirano Facio), Banco Comercial (Hermanos Carlos y José Rohm), la Caja Obrera (Peirano Facio) y Banco de Crédito (Secta “Moon”); el Banco Hipotecario estaba al borde de la quiebra y el República pudo superar el difícil trance porque fue apuntalado por los dólares de Bush.

En la estructura social, los efectos de la crisis provocaron una desocupación del 20%, la caída vertical del salario real, el aumento de la pobreza, de los suicidios, el deterioro de la infraestructura de los servicios de educación y salud, factores que fueron la semilla de la marginación de los sectores más débiles de la sociedad y la violencia e inseguridad que hoy estamos padeciendo.