Kichner, en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas,
el 23 de setiembre de 2003, abordó el tema de la deuda en los siguientes
términos: “Nos hacemos cargo como país de haber adoptado políticas ajenas para
llegar a tal punto de endeudamiento, pero reclamamos que aquellos organismos
internacionales que al imponer esas políticas contribuyeron, alentaron y
favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Resulta casi una obviedad señalar
que cuando
una deuda tiene tal magnitud la responsabilidad no es sólo
del deudor sino
también del acreedor Es necesario entonces que se asuma el
hecho cierto, verificable y en cierta medida de sentido común de la terrible
dificultad que ofrece el pago de esa
deuda. Sin una concreta ayuda internacional que se encamine
a permitir la
reconstitución de la solvencia económica de los países
endeudados y con
ello su capacidad de pago, sin medidas que promuevan su
crecimiento y
desarrollo sustentable favoreciendo concretamente su acceso
a los
mercados y el crecimiento de sus exportaciones, el pago de
la deuda se
torna verdadera quimera”. Reclamó la eliminación del
proteccionismo de los países centrales y agregó: “En el desarrollo de
exportaciones con valor agregado a los recursos
naturales que la mayoría de los países endeudados poseen,
pueden
solventarse los primeros tramos del desarrollo sustentable,
sin el cual sus
acreedores deberán asumir sus quebrantos sin otra opción
realista. Nunca
se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que
están
muertos”
En su discurso de asunción, el 25 de mayo de 2003, Kichner
había trazado las líneas generales de su “proyecto”:
“En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de
reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que
permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de cerrarse al mundo,
no es un problema de nacionalismo ultramontano, sino de inteligencia,
observación y compromiso con la Nación”.
“Basta ver cómo los países más desarrollados protegen a sus
trabajadores, a sus industrias y a sus productores. Se trata, entonces, de hacer
nacer una Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar
a vivir mejor que sus padres, sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo”.
“Para eso es preciso promover políticas activas que permitan
el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos
puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso. Como
se comprenderá el Estado cobra en eso un papel principal, en que la presencia o
la ausencia del Estado constituye toda una actitud política”.
“Por supuesto no se trata de poner en marcha, una vez más,
movimientos pendulares que vayan desde un Estado omnipresente y aplastante de
la actividad privada a un Estado desertor y ausente, para retornar continuamente
de extremo a extremo, en lo que parece ser una auténtica manía nacional que nos
impide encontrar los justos, sensatos y necesarios equilibrios”.
“Se trata de tener lo necesario para nuestro desarrollo, en
una reingeniería que nos permita contar con un Estado inteligente. Queremos
recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos
permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de
una sociedad más equilibrada, más madura y más justa.
Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula
socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado
excluye y abandona”.
“Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las
desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando
oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la
educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el
esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos
constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es
decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los
consumidores. Actuaremos como lo que fuimos y seguiremos siendo siempre:
hombres y mujeres comunes, que quieren estar a la altura de las circunstancias
asumiendo con dedicación las grandes responsabilidades que en representación
del pueblo nos confieren”.
Esta política, continuada por su esposa, condujo a una
alianza entre la oligarquía y el imperialismo que veían retaceados sus
privilegios, reivindicando el papel del mercado en términos absolutos.
No es un secreto para nadie, medianamente informado, que es
la deuda pública la que alimenta al capital financiero. En nuestro país nació
con la Guerra Grande
(1839-1851) o quizás antes.
Todos los pronósticos agoreros –de los sectores argentinos
interesados y de sus aliados externos- se han estrellado contra los hechos: el
promedio de crecimiento económico, entre 2003 y 2011, es el más alto de América
Latina; una caída en picada de la desocupación y de la franja de pobreza, un
“colchón” de reservas monetarias internacionales genuinas que resistió en los
últimos 5 años, fugas de capitales por 90 mil millones de dólares, y un cómodo
superávit fiscal primario, que le permite cumplir con todas sus obligaciones
internas y externas.
Sin embargo, la oposición política, apoyada por los
principales medios que no ahorran descalificativos para la gestión
gubernamental, ha llegado al borde de la desestabilización institucional,
alentando conflictos en las fuerzas de seguridad, al que se agrega ahora, el
secuestro de la Fragata “Libertad”, en Ghana, atribuída por el Canciller
Timerman a los “fondos buitres” que tienen su guarida en las Islas Cayman y,
por Lavagna, al gobierno de Londres. Ambas explicaciones no son contradictorias
porque Ghana forma parte de la Comunidad Británica de Naciones y, es muy
probable, que haya recibido presiones del primer ministro Cameron bien conocido
por sus estrechos vínculos con los banqueros de la City, envueltos ahora en
grandes escándalos financieros según el periódico Daily Mail.
¿Causas? Las medidas que ha adoptado el gobierno argentino
para controlar la fuga de capitales que, en los hechos, es un “golpe
financiero” contra el Estado, como el que obligó al entonces presidente, Raúl
Alfonsín, a entregarle el gobierno en forma anticipada a Saúl Menem, que recién
pudo “calmar a los mercados”, dos años después cuando designó a Domingo
Cavallo, un servidor de las finanzas internacionales, Ministro de Economía y
quien instrumentó de inmediato la conversión fija de un peso un dólar.
El ex ministro Lavagna, que se ha convertido hoy en un
encarnizado opositor ha dicho estos días que el gobierno actual de su país “no
debe durar ni un día menos ni un día más” pero que debe ser sustituido por otro
que “ponga fin al caos”. Contrastan sus palabras con la de Ferrer cuando
escribe:
“Es necesario apalancar el gasto con incrementos de los ingresos reales
destinados al consumo y la inversión, movilizar plenamente el ahorro
interno y mantener los niveles de deuda en límites manejables con la capacidad
de pagos interna y externa”.
“El aumento de las exportaciones y el superávit del balance comercial
pueden contribuir a la recuperación en el marco de políticas consistentes de
equilibrio macroeconómico. La flotación del tipo de cambio y la
fijación de la paridad por el mercado, somete los pagos internacionales a los
movimientos de capitales especulativos y, en el caso, de las economías que
descansan principalmente en la exportación de commoditiecs, a la apreciación persistente de la paridad, fenómeno
conocido como la “enfermedad holandesa”.
“Es necesario mantener tipos de cambio administrados a una paridad
competitiva para la totalidad de la producción sujeta a la competencia internacional
y controlar el movimiento de capitales especulativos”.
“Asimismo, mantener niveles de reservas internacionales que permitan
administrar los shocks externos, sin necesidad de recurrir a
prestamistas de última instancia, cuyas condicionalidades agravan los problemas
e implican severas cesiones de la capacidad de decidir la propia política
económica”.
“La administración de la moneda por una autoridad independiente,
desvinculada de la conducción de toda la política económica, genera una
fractura en la administración de la economía y subordina la autoridad monetaria
a los intereses de los mercados financieros”.
“La utilidad de ese aporte no se logra con la apertura indiscriminada a
todo tipo de inversión extranjera, sino con la orientación de la misma
hacia los objetivos fundamentales del desarrollo económico y social. Ejemplos
importantes de este tipo de política selectiva, no indiscriminada, de
incorporación de inversión extranjera, se encuentran en la República de Corea
y otras economías exitosas de Asia.
“La presencia de la inversión extranjera es positiva cuando forma parte
de un proceso profundo de industrialización, integración de las cadenas
de valor, protagonismo del empresariado local y políticas públicas soberanas defensoras
del desarrollo nacional”.
Y el insigne profesor remata con esta sentencia inapelable:
“El neoliberalismo promueve la desregulación y apertura indiscriminada
de los mercados, la privatización también indiscriminada de empresas públicas y
la reducción del Estado a simple garante de la seguridad y el libre
funcionamiento de los mercados”.
“La experiencia argentina y en otros países de América latina y del
resto del mundo, revela que esa visión es incompatible con el proceso de
desarrollo y genera desequilibrios que culminan en crisis y grave deterioro de
las condiciones sociales”(1).
(1) Diario Buenos Aires Económico, contratapa 04/08/2011.
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