Por Carlos Heller
Diputado argentino
Partido Solidario
Integra el "Frente para la Victoria”
Partido de Gobierno
Resulta difícil abstraerse del tema YPF, pues constituye un
punto de inflexión en la historia argentina. Esta consideración fue el eje de
mi presentación, el lunes pasado, del libro de mi autoría La Argentina actual y
los desafíos para el cambio. La aparición del libro se realiza en un momento
maravilloso, en medio de un proceso de profundos cambios, que están llenos de
tensiones; pero no podía ser de otra manera, puesto que los conservadores, es
decir la derecha, no aceptan pasivamente el cambio. Puede aseverarse que la
crispación que aparece en estos momentos no es de quienes proponemos los cambios
y trabajamos para ellos, sino de quienes, utilizando todos los recursos, se
oponen de las formas más arteras a que esos cambios puedan llevarse a cabo.
Esta nacionalización de YPF no hubiera sido posible si no
hubiese existido en 2005 el No al ALCA, y no es difícil imaginar dónde estaría
hoy nuestro país si eso no hubiera pasado. La nacionalización de estos días
también es tributaria del valor que tuvo el gobierno para enfrentar la
negociación de la deuda externa, una pesada cadena de dependencia de la que
años atrás ni siquiera hubiéramos imaginado librarnos; o del pago total al FMI,
otra pesada cadena de condicionamientos que se rompió.
También podemos mencionar la reestatización de Aerolíneas
Argentinas, la implementación de la Asignación Universal
por Hijo y para las embarazadas y los fuertes aumentos en la cantidad de
jubilados, así como en sus haberes.
Contribuye a las fortalezas de este momento el haber ganado
otras batallas ideológicas, como lo fue la eliminación de las AFJP y la
implementación del Fondo de Desendeudamiento, que sufrieron furiosos embates de
la derecha preanunciando todo tipo de catástrofes y que la realidad demostró
que fueron medidas eficientes y justas. En el mismo camino aparece la reforma a
la Carta Orgánica
del Banco Central.
Sin haber transitado por estas transformaciones
significativas, y sin la fuerza del 54% de los votos y el apoyo popular, no
hubiera sido posible este proceso de nacionalización de YPF que recién se está
iniciando y que abre grandes esperanzas.
No menos importante es, junto con el fortalecimiento del
papel del Estado, la vuelta a la planificación, a través de los Planes
Estratégicos Industrial, Agropecuario y Agroalimentario 2020.
Sin duda se ha avanzado mucho, se han logrado cambios
impensables en los aciagos días de 2002, pero aún falta mucho más por caminar,
para profundizar y mejorar este modelo, una cuestión indispensable para que
mantenga las características que lo definen.
Puede pensarse la profundización del modelo como un proceso
orientado a desarmar la legislación heredada de la dictadura y de la década de
los ’90, que instauró el más acendrado ideario neoliberal, otorgando al mercado
gran discrecionalidad y generando desamparo en los trabajadores y consumidores.
Hay que avanzar en mayores regulaciones para las inversiones
extranjeras mediante dos vías, hay que pensar en tener una nueva Ley de
Inversiones Extranjeras, así como desactivar los Tratados Bilaterales de
Inversión, temas que dificultan el camino hoy encarado de nacionalización de YPF.
La actual Ley
de Inversiones Extranjeras, la 21.382, es el ejemplo de la total desregulación,
gestada en 1976 a
escasos meses de la instalación de la dictadura genocida y que ha sido, junto
con la Ley de Entidades Financieras, los cimientos legales que han abierto las
puertas a la desregulación de los capitales y la desnacionalización de la
economía.
También deben denunciarse, para que comiencen a caducar, los
más de 50 Tratados Bilaterales de Inversión, la mayoría de ellos firmados en
los años noventa, y que impiden hacer diferencias entre las inversiones
nacionales y las extranjeras, un tema propio del Consenso de Washington y que
beneficia injustamente a los capitales externos.
Aún resta la derogación de la Ley de Entidades Financieras
de la dictadura, para ser remplazada por una ley de la democracia que consagre
a la actividad financiera como un servicio público, y oriente el crédito a
partir de los importantes cambios realizados recientemente en la Carta Orgánica del
BCRA.
De la misma forma que se está avanzando en la reforma del
Código Penal y del Código Civil, otro de los grandes cambios históricos que
está imprimiendo este gobierno y quienes lo apoyamos, hay que encarar la
reforma impositiva de una vez por todas y de manera integral.
Una reforma fiscal que establezca un sistema impositivo
coherente, que fomente la producción y mejore la distribución del ingreso.
En este sentido, hay que gravar las ganancias provenientes
de la renta financiera, cuidando de no alcanzar a los pequeños y medianos ahorristas
en el sistema financiero; las ganancias empresariales deben centrarse en cabeza
de las personas que las reciben más que en las empresas como sucede hoy día, lo
que permite a muchos accionistas eludir impuestos.
Hay que volver a un IVA con una menor tasa y que tenga el
efecto redistribuidor con el que fue diseñado originalmente, exceptuando del
gravamen a los alimentos, los medicamentos y los insumos escolares, entre
otros.
El nuevo rediseño impositivo requiere de la participación
activa del gobierno, así como un amplio debate en la sociedad y en el
Parlamento.
La tasa de desocupación ha ido cayendo en forma continua,
llegando al 6,7% al finalizar 2011. No obstante, los niveles de subocupación se
mantuvieron prácticamente inalterados en el mismo período, con una tasa del
8,5%, de los cuales un 5,9% se considera “demandante”, es decir, que las
personas afectadas desearían trabajar más horas. Esto es un fiel reflejo de la
aún elevada proporción de trabajadores no registrados que llega al 34,2% de la
población empleada, una tasa que habrá que ir disminuyendo sostenidamente,
brindando a las pymes herramientas de fomento para que formalicen a sus
trabajadores.
Si bien se ha reducido significativamente la pobreza y la
indigencia, el único nivel aceptable de estos indicadores es cero. En lo
inmediato, habría que establecer un ajuste periódico en el monto de la Asignación Universal ,
con una fórmula muy cercana a la que se aplica a los jubilados.
Un tema importante es la promoción de la economía social. La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 2012 como el Año
Internacional de las Cooperativas, destacando su contribución al desarrollo
socioeconómico, y reconociendo en particular su impacto sobre la reducción de
la pobreza, la generación de empleo y la integración social.
Las cooperativas tienen un auspicioso futuro para su
desarrollo en la economía argentina, pero, para que ello se concrete, necesitan
políticas de estímulo que reconozcan la característica diferencial de la
actividad no lucrativa, que fomenten la inversión, que auspicien la reinversión
de utilidades, que reconozcan la especial característica de servicios y
producciones locales de las cooperativas. También se deben eliminar
regulaciones que tratan a las cooperativas con la misma vara que a las empresas
oligopólicas; la Ley de Medios Audiovisuales es un ejemplo de cómo regular y
establecer diferencias positivas para las empresas solidarias. Quedan en el
tintero una gran cantidad de logros alcanzados y futuros cambios políticos y
sociales que, por la limitación del espacio y por ser esta una columna de
economía, no han sido considerados.
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